Abogados de alquileres

Los modelos genéricos de internet suelen estar desactualizados o no contemplan las particularidades del inmueble. Un contrato redactado por un abogado especialista incorpora cláusulas antibloqueo ante impagos, define con precisión la repercusión de suministros e impuestos (como el IBI o la comunidad), regula las visitas para comprobar el estado de la vivienda y blinda jurídicamente al propietario frente a demoras en la devolución del inmueble tras la finalización.

En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) exige una fianza legal obligatoria equivalente a una mensualidad de renta. Respecto a las garantías adicionales (avales o depósitos), la ley limita su importe a un máximo de dos mensualidades de renta, salvo que se trate de contratos de larga duración superiores a cinco o siete años.

La vía más eficaz es enviar de inmediato un burofax con acuse de recibo y certificación de contenido redactado por un letrado, requiriendo el pago en un plazo determinado. Esto interrumpe la prescripción, acredita la deuda de forma fehaciente y enerva la posibilidad de que el inquilino evite el desahucio si persiste en el impago, permitiendo iniciar la demanda de desahucio y reclamación de cantidades sin demoras.

El propietario está obligado a realizar todas las reparaciones necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad (caldera, tuberías generales, humedades estructurales), sin derecho a elevar la renta. Por su parte, el arrendatario debe asumir las pequeñas reparaciones derivadas del desgaste por el uso ordinario de la vivienda (grifos, bombillas, persianas) o los daños causados por un mal uso.

Son frecuentes cláusulas ilegales como: obligar al inquilino a permanecer en la vivienda más de seis meses sin penalización proporcional, impedir la prórroga obligatoria legal, imponer el pago de honorarios de agencia inmobiliaria en viviendas habituales, o hacer responsable al inquilino de reparaciones estructurales de la finca. Cualquier pacto que empeore los derechos que la LAU concede al arrendatario es jurídicamente nulo.

El plazo se pacta libremente, pero si es inferior a cinco años (cuando el arrendador es persona física) o siete años (si es persona jurídica), el contrato se prorroga obligatoriamente año a año hasta alcanzar ese mínimo legal, a menos que el inquilino manifieste con 30 días de antelación a cualquier fecha de vencimiento su voluntad de no renovarlo.

El arrendador dispone de un plazo de un mes desde la entrega efectiva de las llaves para revisar el inmueble, liquidar suministros pendientes y devolver la fianza. Si transcurre ese mes sin abono ni justificación documental de desperfectos o facturas pendientes, la cantidad devenga el interés legal del dinero. En ese punto procede un requerimiento formal por burofax previo a la reclamación judicial.

Sí, el inquilino tiene derecho legal a desistir del contrato una vez transcurridos al menos seis meses desde la firma, siempre que lo comunique al propietario con un mínimo de 30 días de antelación. Solo existirá penalización económica si esta indemnización (máximo una mensualidad por cada año restante) se pactó expresamente en el contrato original.