Abogados especializados en comunidades de vecinos

En la inmensa mayoría de los casos, los paga el propio vecino moroso.

El artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que, cuando la comunidad acude al juicio monitorio con abogado y procurador para reclamar cuotas impagadas, la sentencia condenatoria incluirá el pago de las costas procesales a cargo del deudor. Por tanto, la comunidad recupera íntegramente la deuda sin asumir sobrecostes.

Los plazos son estrictos y conviene actuar cuanto antes:

• 3 meses: Para acuerdos que sean contrarios a la ley o a los estatutos, o que resulten gravemente perjudiciales para la comunidad o un propietario.
• 1 año: Para acuerdos que vulneren la ley de forma radical o sean contrarios a la moral y al orden público.

(El plazo empieza a contar desde la fecha de la junta para los asistentes, o desde la recepción de la notificación del acta para los ausentes).

Sí, es legalmente posible.

Tras las últimas reformas de la Ley de Propiedad Horizontal, la junta de propietarios puede limitar, condicionar o prohibir la actividad de alquiler vacacional en el edificio si se aprueba por una mayoría cualificada de 3/5 partes de los propietarios y cuotas de participación. Redactamos el acuerdo y gestionamos su inscripción para que tenga validez jurídica frente a terceros.

Sí, la ley prioriza la accesibilidad universal.

Si las obras las solicita un propietario mayor de 70 años o con discapacidad, las actuaciones son obligatorias para la comunidad siempre que el coste anual de la obra (descontando subvenciones) no supere las 12 mensualidades ordinarias de gastos comunes. Si supera ese límite, sigue siendo obligatoria si el solicitante asume el resto del coste o si la junta lo aprueba por mayoría

Ningún propietario puede alterar los elementos comunes (fachadas, terrazas, patios o muros de carga) sin la autorización unánime de la junta. El procedimiento legal exige un requerimiento formal por burofax solicitando la paralización inmediata y la restitución a su estado original. Si el infractor no atiende el requerimiento, interponemos demanda judicial para exigir la demolición de la obra no autorizada.

Se aplica la Acción de Cesación (artículo 7.2 de la LPH):

1. El presidente de la comunidad envía un apercibimiento formal mediante burofax exigiendo el cese inmediato de las molestias.
2. Si la conducta persiste, la junta autoriza el inicio de acciones judiciales.
3. El juez puede dictar desde la indemnización por daños y perjuicios hasta la prohibición de uso de la vivienda por un periodo de hasta 3 años (o la rescisión inmediata del contrato si es un inquilino).